El abogado José Ignacio Hernández, quien fue procurador del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, realizó algunas consideraciones sobre la disposición de la OFAC respecto a los puertos y aeropuertos venezolanos, enfatizando que la «A» de la licencia general 30A, obedece a que es una reforma de esa decisión del Departamento del Tesoro. Con información de Tal Cual.
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A través de un hilo en Twitter, Hernández detalló que al ser una modificación de la licencia general 30, emitida en agosto de 2019, no sería correcto decir que se autorizan operaciones en puertos y aeropuertos, sino que se debe afirmar que el INEA fue excluido de estas disposiciones de la OFAC.
Señaló que «si la licencia que es publicada es una reforma, hay que compararla con la licencia que es reformada. La práctica de la OFAC es que las licencias que reforman repiten textualmente el contenido de la licencia anterior (salvo los cambios). A veces solo cambia una coma».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), levantó el régimen de sanciones sobre Venezuela que estén relacionadas con operaciones portuarias y aeroportuarias que no involucren la exportación o reexportación de diluyentes para la industria del petróleo.
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En la licencia general 30A también se levanta el régimen de sanciones contra el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) en cuanto a transacciones “ordinariamente incidentes y necesarias para las operaciones o uso de puertos y aeropuertos”.
Además, la orden de la OFAC refiere que no serán aceptadas operaciones realizadas en puertos y aeropuertos por personas, entidades «o cualquier persona del Gobierno de Venezuela» que estén bloqueadas o sancionadas y no sean representantes del INEA.
Esta es la primera medida que toma la administración de Joe Biden referente al régimen de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a personeros del régimen de Nicolás Maduro o empresas clave como Petróleos de Venezuela, S.A o el esquema financiero a través del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Coincide también con la visita de la relatora de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Dohuan, al país. Maduro ha esgrimido en sus discursos que las sanciones impuestas por EEUU son violatorias de los DDHH de la población venezolana y, en particular, han impedido la compra de insumos, alimentos y medicinas para la atención de la pandemia por la covid-19.
Incluso, el régimen de Maduro impulsa una denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre la presunta responsabilidad de Estados Unidos en delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano por el régimen de sanciones. Actualmente, esa denuncia se encuentra en una fase de examen preliminar.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU incluyó el martes 19 de enero al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana y otras empresas relacionadas en su lista de sancionados, estos últimos ligados a la comercialización de petróleo producido en el país.
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Coindice también con la presión que un grupo conformado por importadores de petróleo venezolano, representantes de proveedores de combustible a nuestro país y varias ONG que dijeron que buscarían presionar a la administración entrante de Joe Biden en EEUU para que alivie ciertas sanciones y permita a Venezuela poder intercambiar petróleo por diésel.
