Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló un informe de Human Rights Watch.
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Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.
El 5 de abril, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
El 21 de marzo, se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5,800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Pese al apoyo que prestan organizaciones humanitarias y las autoridades en Arauquita, un municipio colombiano de apenas 50,000 habitantes al que han llegado la mayoría de los desplazados desde Venezuela, los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente. Además, muchas personas se quedan en casas de amigos y familiares en zonas rurales en el departamento de Arauca, Colombia, donde el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo. Autoridades colombianas también reportaron la llegada de desplazados a los municipios de Arauca y Saravena. Entre 300 y 400 personas se han desplazado forzosamente dentro de Venezuela.
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
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Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y, semanas después, fueron trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira. Dos detenidos que más tarde fueron liberados confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Múltiples entrevistados manifestaron que los detenidos no eran miembros de grupos armados.
El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas.
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Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, según los residentes. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con grupos armados.
En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
