Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos

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Foto Archivo

La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad denominada Caja de Imposiciones, con sede en la madrileña Plaza de la Paja. Su autora fue Baldomera Larra Wetoret, hija de Mariano José de Larra, quien a finales del siglo XIX se esfumó con los ahorros de 5,000 afectados, si bien fue el italiano Carlo Ponzi quien décadas después bautizó para la posteridad este tipo de fraude, que utiliza el dinero que va entrando para pagar los intereses comprometidos al resto de inversores. Desde entonces, son innumerables las estafas piramidales que se han ido sucediendo bajo la premisa del dinero fácil, con rentabilidades garantizadas, ya sea con inversiones en Bolsa, sellos o, ahora, con criptoactivos. Así lo reseña un reportaje de Laura Salces para el diario 5Días.

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El confinamiento de la población durante 2020 derivó en un incremento de la inversión en Bolsa por parte de los pequeños inversores, que también se vieron atraídos por la escalada del precio del bitcoin y del resto de criptoactivos. Animados por atractivas rentabilidades supuestamente garantizadas, miles de estos minoristas optaron por invertir en plataformas como Arbistar, Algorithmics –de Javier Biosca– o Kuailian, que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por presunta estafa y a las que presumiblemente se sumará Nimbus, plataforma sobre la que debe pronunciarse tras la petición de un juzgado de Huelva (España), que se ha inhibido en el caso. Unos casos que suman en total unos 90,000 afectados y unos 800 millones presuntamente defraudados.

Todas ellas siguen una estrategia similar: publicidad en internet que ofrece invertir en criptoactivos y obtener suculentos rendimientos. Si el interesado entra y decide realizar un pequeño cuestionario recibirá una llamada de un supuesto bróker que le animará a realizar una pequeña inversión de 300 euros, explicaba Marlene Álvarez, jefa de Grupo adscrita a la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional en el Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit. Tras esa primera inversión, se anima a realizar más aportaciones hasta que se le invita a entrar en un club de inversores más selecto que ofrece más rentabilidad.

El modus operandi

En el caso de Arbistar, con hasta 32,000 posibles afectados y unos 100 millones defraudados, a los inversores se les prometían rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, basándose en la compraventa automática de estos activos ejecutada por robots que vendía la plataforma a sus clientes. En teoría, aprovechaban las divergencias de precios entre las diferentes plataformas que ofertan criptoactivos.

Mayor cuantía reclaman los 300 estafados por Javier Biosca a través de Zeballos Agobados, 250 millones, y al que la Audiencia Nacional investiga por delitos de apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público. Importe similar al reclamado a la plataforma Kuailian por hasta 50,000 afectados que invirtieron con la esperanza de lograr entre un 6% y un 20% de rentabilidad.

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En el caso de Nimbus, la denuncia presentada por Aranguez Abogados apunta que nunca llegó a comprar o vender criptoactivos ni a realizar ninguna actividad financiera, sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital aportado por los siguientes, unos 4,000.

Marlene Álvarez aseveraba que «las estafas en inversión en criptomonedas se han extendido mucho, tanto en España como en otros países», por la falta de conocimientos financieros como por la ausencia de rentabilidad entre los productos bancarios más conservadores en el actual entorno de tipos de interés en mínimos históricos. Lo cierto es que los fraudes creados por estas plataformas españolas se han internacionalizado y cuentan con afectados en México, Perú, Colombia, Argentina, EEUU e Italia.

«A los brókeres no les interesan los pequeños inversores y estos acaban en manos de unos señores iluminados que ofrecen rentabilidades atractivas y una relación de confianza y necesidad», apunta Emilia Zaballos, abogada y responsable de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC), que se muestra muy crítica con el papel de los organismos supervisores, la falta de legislación y la lentitud en la tramitación de la justicia. «Todos ellos son los ingredientes de este cóctel molotov», asevera.

El papel de la CNMV

En España, la supervisión de las empresas de servicios de inversión recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ejerce de vigilante del mercado y de supervisor de estas entidades. Al mismo tiempo, alerta sobre aquellas firmas que se presentan como entidades de servicios de inversión sin contar con la preceptiva autorización: chiringuitos financieros, en la jerga. Una lista que crece semana tras semana y en la que están las plataformas de Biosca, Arbistar y Nimbus.

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A esas advertencias se suman las de otro listado denominado «otras entidades», en el que se incluyen, por ejemplo, la mayor plataforma de compraventa de criptoactivos, Binance; Coinbase, que cotiza en el Nasdaq, o la propia Kuailian.

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