El Departamento de Estado de EEUU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destacan el expresidente hondureño Porfirio «Pepe» Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Con información de EFE.
El listado incluye a personas que, según EEUU, son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y en los que la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia EEUU.
El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte», aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.
Dicha norma establece la creación de la conocida como «lista Engel» de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EEUU y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.
En total, el listado incluye a 55 funcionarios acusados de corrupción: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.
En el caso de Honduras, EEUU acusa a «Pepe» Lobo de haber aceptado sobornos de un cartel del narcotráfico y asegura que su esposa malversó fondos.
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Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.
En el informe, no aparece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al que la Fiscalía de Nueva York vincula con actividades de narcotráfico.
Respecto a El Salvador, el informe acusa a la jefa del Gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, de haber incurrido en una «corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal» y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero.
La «lista negra» también incluye a Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado.
De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.
Por otro lado, en lo relativo a Guatemala, el informe menciona al congresista Boris Roberto España Cáceres y al ex primer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue sancionado por EEUU y al que ahora se le acusa de «haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo».
La «lista negra» incluye los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de Gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012) y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.
En un comunicado, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, explicó que el objetivo de la lista publicada es «apoyar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos para formar una región democrática, próspera y segura».
Por su parte, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, explicó en una rueda de prensa telefónica que esta lista es la primera y anticipó que habrá más registros y más nombres en el futuro.
«Nosotros pensamos que tenemos información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista», defendió.
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Agregó que el Gobierno estadounidense no descarta «aplicar otras medidas si son pertinentes», como sanciones contra actos de cleptocracia o por el uso del sistema financiero de EEUU con fines ilícitos.
No obstante, aclaró que no tiene por qué haber un «vínculo automático» entre los actos de corrupción en Centroamérica y la violación de leyes estadounidenses.
Biden se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.
