Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía no existe un régimen global que garantice la implementación de los estándares al respecto emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo internacional y financiamiento al terrorismo. Con información de Fernando Gutiérrez / El Economista Mx.
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El GAFI presentó la segunda revisión anual de los estándares emitidos por este organismo desde 2019, respecto a criptomonedas y proveedores de servicios de estas herramientas, en la cual, si bien indicó que hay un avance al respecto, existen brechas en la implementación de las recomendaciones.
“Estas brechas en la implementación significan que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de activos virtuales y de los VASP (proveedores de servicios de activos virtuales) en materia de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”, detalló el organismo.
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De acuerdo con el GAFI, hasta la fecha de la publicación del documento, de las 128 jurisdicciones informantes al organismo, 58 han implementado algunos estándares en materia de criptomonedas, de las cuales en 52 se ha aplicado una supervisión a los proveedores de estos servicios, como pueden ser plataformas de compraventa, mientras que en seis se ha prohibido de manera total su funcionamiento.
En el resto, es decir en 70 jurisdicciones, aún no se han implementado los estándares de este organismo, que principalmente consisten en tener un registro de los proveedores y aplicar la regla viajera, que es el resguardo de información tanto del lado de la originación como del beneficiario de la operación.
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Para el organismo es necesario que todas las jurisdicciones implementen los estándares del GAFI, incluido el requisito de la regla de viaje, por lo que su actuar en el corto plazo consistirá en apoyar la implementación de sus recomendaciones respecto a activos virtuales, así como monitorear al sector de activos virtuales y proveedores de servicios de estos instrumentos.
El documento enfatiza que, si bien muchas jurisdicciones han mostrado un avance en la aplicación de dichos estándares, existe una falta de implementación de los requisitos de la regla de viaje por parte de las jurisdicciones y esto, a su vez, actúa como desincentivo en el sector privado para invertir en soluciones necesarias para dar cumplimiento con las sugerencias del GAFI.
