El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, ha explicado al juez de la Audiencia Nacional de España, Alejandro Abascal, que no conocía al ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno familiar hasta que la Policía española contactó con él para pedirle ayuda en el marco de las pesquisas sobre las presuntas comisiones de la petrolera venezolana PDVSA. Con información de Europa Press.
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Villalobos ha declarado como testigo en la causa donde el nuevo responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 investiga si Morodo, que encabezó la legación diplomática de España en Venezuela entre 2004 y 2007, y su círculo más íntimo, incluido su hijo Alejo, recibieron más de 4.5 millones de euros entre 2011 y 2015 de PDVSA.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado ha centrado el interrogatorio a Villalobos en un contrato de los Morodo con PDVSA que apareció en un registro llevado a cabo en 2017 en su casa.
El ex dirigente ‘chavista’ ha contado que ese contrato estaba en su poder porque se lo dio la propia Policía española. De acuerdo con Villalobos, el cuerpo de seguridad le contactó en 2016 en busca de su colaboración para identificar a algunas personas vinculadas a PDVSA.
En relación con ese contrato, los uniformados españoles le habrían solicitado que les dijera quién era una de las personas que lo había firmado. Sin embargo, las gestiones del político venezolano en ese sentido fueron infructuosas, de acuerdo con dichas fuentes.
Villalobos ha sostenido que no supo de los Morodo hasta que la Policía española le puso sobre la pista del citado contrato, entre otras cuestiones, desvinculándose así de los principales imputados en esta causa.
Cumplen escrupulosamente las cautelares impuestas
El ex viceministro venezolano era una de las cuatro personas citadas por Abascal para continuar con la ronda de declaraciones que comenzó el lunes 20 de septiembre y que se prolongará hasta el viernes 24, con más de una veintena de personas, entre imputados y testigos.
Las comparecencias arrancaron con los imputados Raúl y Alejo Morodo, que se acogieron a su derecho a no declarar, y con las también investigadas Cristina Cañeque -ex mujer del primero- y Ana Catarina Varandas -esposa del segundo-, que desvincularon su bonanza económica de los Morodo.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias solicitó a Abascal que ordenara el ingreso en prisión provisional u otras medidas cautelares para el ex embajador y su hijo, pero el juez lo ha rechazado al no apreciar riesgo de fuga en ninguno de los dos.
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En un auto fechado este martes 21 de septiembre, Abascal expone que las medidas cautelares de comparecer periódicamente en un juzgado, prohibición de salida de España y retirada de pasaporte que les fueron impuestas a los Morodo hace unos años son suficientes para garantizar su presencia ante la Justicia.
«A día de hoy, no existe razón ni sospecha que hagan dudar a este instructor de esa sujeción al procedimiento de Raúl y Alejo Morodo, pues desde su adopción están cumpliendo escrupulosamente con las comparecencias ‘apud acta’ que tienen contraídas», estima el magistrado.
En esta línea, el juez recuerda que los Morodo han acudido puntualmente a todos los llamamientos judiciales -incluido el del lunes-, por lo que «no se cumple con uno de los presupuestos fundamentales que obliguen a modificar la situación personal de ambos investigados».
Además, incide en que el hecho de que ambos se acogieran a su derecho a no declarar «nada tiene que ver» con un posible «riesgo de fuga». Se trata, recuerda, de un derecho constitucional que les asiste y que no sirve como indicio para endurecer el estado de padre e hijo.
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Los investigados señalan al directivo de PDVSA que se suicidó
Este mismo martes 21 de septiembre, han declarado otros tres investigados en la causa, todos relacionados con el que fuera directivo de Petróleos de PDVSA Juan Carlos Márquez, que apareció ahorcado en 2019.
Concretamente, el martes ha sido el turno de la ex mujer de Márquez, Ana Karina Ulloa; del socio del directivo, Carlos Adolfo Prada; y de la mujer de este último, Marisol Varela. Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que los tres imputados han defendido que los negocios eran gestionados exclusivamente por Márquez.
La que fuera su esposa ha sostenido ante Abascal que ella se limitaba a firmar la documentación que su marido le entregaba, pero que desconocía el contenido de los papeles. Korina, que se separó de Márquez unos meses antes de que éste apareciese ahorcado, ha asegurado que ella estaba centrada en su familia.
