En julio de 2016, los trabajadores de la planta de Kimberly Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un soviet. La transnacional acababa de abandonar el país entre gallos y medianoche y el gobierno de Nicolás Maduro tomó las instalaciones para gestionarlas con un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera. Hoy, a seis años de distancia, todavía les cuesta recapitular cómo terminaron siendo mano de obra barata en una maquila que produce a media máquina solo para proveer a un inversionista desconocido. Así lo reseña un reportaje de Marcos David Valverde para Armando.info
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La promesa de Nicolás Maduro a los obreros cuando anunció, el 11 de julio de 2016, que su gobierno había decidido tomar la planta de Kimberly Clark en la zona industrial La Hamaca, de Maracay, capital del céntrico estado Aragua, fue taxativa: “Ahora ustedes no van a producir para que se enriquezca otra persona, no. Ustedes van a producir para la felicidad de la mujer, del niño, de la niña, de la familia venezolana, y eso da otra perspectiva humana”.
Dos días antes, de la noche a la mañana, la transnacional estadounidense, fabricante de productos de higiene, principalmente papel sanitario y pañales, había cesado operaciones en Venezuela, según adujo, por falta de materia prima y divisas, así como por los embates del control de precios y la inflación, que según cálculos no oficiales, ese año fue de 254,95 %.
En el mismo mitin, el entonces gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, luego vicepresidente, aseguró que las 12 líneas de producción de la planta estarían activas al finalizar 2016. Dos días más tarde de la arenga del alto gobierno, inevitablemente transmitida por cadena nacional de TV, el entonces ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, anunció también ante las cámaras la “ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly Clark por parte de trabajadores”, quienes iban “a seguir produciendo”.
Seis años después, en la planta solo funcionan cuatro líneas cumpliendo a rajatabla la cartilla de la ineficiencia chavista, pues la producción nunca levantó, ni bajo el control del Estado y ni bajo el del “poder comunal”, tras aquella oferta de que los trabajadores serían los grandes administradores y beneficiarios de la toma. De hecho, hoy la planta está prácticamente reducida a la categoría casi de maquiladora y las ganancias quedan en manos de un empresario de nombre Luciano Santos Queroz.
De origen brasileño y con 33 años de edad, Luciano Santos Queroz registró en 2014 su primer emprendimiento venezolano: Importadora y Distribuidora Luciano. Tres años después, en sociedad con Aronis Pájaro Mercado, registró Papeles Luciano’s, con sede en la Zona Industrial Santa Cruz, también en Maracay.
En entrevista concedida a Armando.info en su actual oficina en Caracas, Santos Queroz explica que siguió los pasos de una hermana que se mudó a Venezuela a comienzos de la década de 2000. Desde su Sao Paulo de origen, según se puede comprobar en el registro de comercio de Brasil, Santos Queroz venía de ser socio accionista de una agencia de turismo.
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Una certeza muy poderosa tuvo que arrastrarlo hasta Venezuela, aun si con ello contrariaba los augurios que las turbulencias políticas y económicas de la revolución chavista alentaban. También debió superar un incidente judicial del que quedaron rastros documentales. En julio de 2011, Santos Queroz denunció a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar de la Fiscalía) que, según su testimonio, lo pretendió extorsionar con 100.000 bolívares (cerca de 11.000 dólares, de acuerdo con la tasa no oficial para la época). La paradoja fue que Santos Queroz estaba siendo investigado, como señala el expediente conservado en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por tener documentos falsos. «Unos funcionarios me abordaron y dijeron que la cédula era falsa. Fue horrible pero pasé la página. Se determinó que ellos estaban extorsionando y luego el Saime [Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería] me validó el documento», asegura.
Superadas las barreras de entrada, solo sería en 2017 cuando Luciano Santos encontró un pasadizo a la fortuna en la tomada Kimberly Clark.
Ocupación y bautismo
El caso de Kimberly Clark no fue una expropiación clásica del chavismo, de aquellas en las que por orden presidencial y sobre la base de criterios políticos, una planta era tomada sin negociaciones. En este caso, el 9 de julio de 2016, la directiva de la empresa en Venezuela anunció el cese de operaciones debido al hundimiento de la producción por efecto de la inflación, el control de precios, la inseguridad jurídica y la ausencia de materia prima; todo ello a pesar de que en mayo de ese año, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) había declarado solvente a la empresa en una constancia firmada por su presidente de entonces, Carlos Rotondaro, y al que Armando.info tuvo acceso en el transcurso de la investigación. Legalmente, y hasta hoy, lo que hay es una ocupación.
La transnacional de origen estadounidense, que fabricaba marcas como Huggies y Scott para el mercado nacional, tenía décadas en el país, una historia con inicio en la fusión de las empresas Venekim, C.A. y Papeles Guaicaipuro, C.A., en años 80. Para los trabajadores que siguieron en la planta tras la ocupación, resulta inevitable cotejar las condiciones de una y otra era.
“Teníamos uno de los mejores contratos colectivos de Aragua y de Venezuela en ese momento. La empresa peleó para que se aumentara el [precio del] bulto de papel porque estaba el control de precios y tenías que pedir permiso. Resulta que, después de tanto que se exigía a la trasnacional ‘no aumentes, no aumentes, no aumentes…’, sí se aumentó cuando la tomó el Gobierno”, recuerda uno de ellos, quien pidió el resguardo de su identidad.
En los días posteriores a la toma, el gobierno de Maduro anunció la conformación de una junta administradora especial que integrarían los trabajadores y un emisario gubernamental, al que denominó autoridad única. El primero en ese cargo fue José Gregorio Hernández, diputado del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Como su lugarteniente estuvo la diputada Eglé Sánchez, también oficialista. A la dupla se le encargó reflotar la producción, meta que al día de hoy no se ha alcanzado.
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La toma de la planta y el nombramiento de autoridades ejecutivas coincidieron con la asignación de 22 millones de dólares. También se le cambió el nombre a la empresa: Kimberly Clark pasó a llamarse Cacique Maracay.
Para reanudar la producción en forma, la flamante empresa socialista tuvo que hacerse en 2017 de materia prima. Sus proveedores fueron Smurfit Kappa, otro jugador importante del mercado global, también con décadas de historia en Venezuela, y un debutante, aparentemente salido de la nada: Papeles Luciano´s.
