Existen 492 comunicaciones de «unidades y organismos de inteligencia» de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso sobre el banco de Andorra y su filial en España que implicó su intervención.
La justicia andorrana investiga si la operación estaba organizada para tomar las cuentas ocultas de varios líderes independentistas y acusa por el caso al ex presidente Rajoy y a dos de sus ministros.
En marzo de 2015, las autoridades andorranas intervinieron a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a las autoridades españolas, su filial en el país, Banco Madrid, después de que FinCEN publicara un informe sobre presunto lavado de dinero.
El juicio de la causa se abrió en Andorra y ocasionó la acusación del expresidente Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Documentos secretos conducen a la intervención de BPA
EE.UU. no ha aportado pruebas de esta supuesta manipulación, pero ha reconocido 492 comunicaciones con «unidades de inteligencia extranjera» y «organizaciones» de varios países en torno a la BPA en los años en que se preparó la operación.
FinCEN se vio obligada a presentar estos documentos ante un juez en Columbia (EE.UU.) en un procedimiento iniciado por los hermanos Cierco, los antiguos dueños del banco, pero se amparan en el secreto para no revelar la información sobre la identidad de esos servicios de inteligencia o el país de origen de esos organismos que les proporcionaron la información sobre la entidad andorrana y su filial española.
Algunas de las comunicaciones exclusivas sancionadas por Estados Unidos coincidieron con tácticas de extorsión descubiertas por la investigación, como la amenaza del agregado de interior de la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, con el director ejecutivo de BPA, Joan Pau Miquel, en junio de 2014, o la realizada unos días después por el jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y miembro de la policía política, Marcelino Martín Blas.
Martin Blass afirmó, según declaraciones de Miquel, que podía cancelar la operación si le facilitaban las cuentas del clan Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Las cuentas que BPA no pudo facilitar porque Mas y Junqueras no tenían el dinero allí.
Tras las amenazas, FinCEN estadounidense hizo público su informe sobre BPA y el Banco de Madrid.
En febrero de 2016, casi un año después de su puesta en marcha, FinCEN retiró su advertencia contra el Banco de Andorra y su sucursal sin tomar las medidas indicadas.
Desde entonces, tres sentencias judiciales en España han fallado a favor de Banco Madrid por las razones que motivaron su intervención. Según la justicia española, Banco Madrid no es una organización de blanqueo de capitales y se adhiere a las normas, medidas y estándares internacionales en materia de blanqueo de capitales. Nada se menciona sobre el caso de BPA.
