Un tribunal de apelaciones revocó la orden de un juez federal de Florida que incautó la fortuna estadounidense de un multimillonario venezolano sancionado con presuntos vínculos con un cártel para satisfacer una sentencia de 318 millones de dólares para las víctimas estadounidenses de un secuestro terrorista en Colombia.
Samark López es uno de los empresarios más poderosos de Venezuela, con estrechos vínculos con el gobierno socialista de Maduro. Ha sido acusado en Nueva York por presuntamente violar las sanciones que congelaron su considerable riqueza en los EE.UU. incluidos yates, aviones, bienes raíces de lujo en Miami y una cuenta de Citibank de $ 269 millones.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE. UU. rechazó una orden de 2020 del juez Robert Scola de Miami que otorgaba esos activos bloqueados a tres ex contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para satisfacer un juicio anterior contra sus ex captores, un grupo terrorista designado por Estados Unidos.
López ha negado durante mucho tiempo cualquier vínculo con las FARC. Con el testimonio de Dick Gregorie, un exfiscal que ha puesto tras las rejas a cientos de narcos, incluido el general Manuel Noriega de Panamá, sus abogados argumentaron que el gobierno de Estados Unidos y los demandantes no habían presentado ninguna prueba que vinculara a López, ni siquiera indirectamente, con los rebeldes. El argumento convenció al panel de apelaciones, que devolvió el caso a la corte inferior y ordenó que los bienes congelados de López solo puedan ser desembolsados a las víctimas de las FARC si un jurado concluye que existe una relación.
Samark López busca impedir la entrega de activos a víctimas de las FARC
En una opinión unánime, el juez de apelación Adalberto Jordan comparó las acusaciones contra López con un popular juego de salón, Six Degrees of Kevin Bacon, que implica vincular a la estrella de Hollywood con otros actores a través de sus papeles en seis películas o menos.
“Esta evidencia, vista colectivamente y tomada de la manera más favorable a los apelantes de López, creó cuestiones materiales de hecho en cuanto a si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC”.
Estados Unidos en ese momento acusó a López de ser el testaferro de El Aissami para ocultar las ganancias de los envíos de cocaína de varias toneladas cuando se desempeñó como ministro del Interior y gobernador del estado de Aragua. Las FARC no fueron mencionadas por su nombre cuando López y El Aissami fueron sancionados y los únicos cargos penales conocidos contra los dos hombres son por supuestamente fletar vuelos privados en EE.UU.
En una audiencia en febrero en Miami, el abogado de López, Adam Fels, argumentó que gran parte de la evidencia contra su cliente eran rumores y que, como mínimo, merecía un juicio antes de que sus bienes fueran repartidos entre las víctimas de un crimen que ni siquiera tomó lugar en Venezuela.
En 2012, un juez federal de Florida otorgó a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes 318 millones de dólares a pagar de cuentas bancarias y bienes incautados a personas vinculadas a las FARC.
