Pasaron 10 años del inicio de la investigación, pero es ahora que se conocen detalles guardados bajo llave acerca de la compra de equipos y contratación de obras por parte de Pdvsa en el marco de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez, en 2009.
De acuerdo con el “Análisis general y selectivo de las adquisiciones realizadas por Bariven S.A, para la puesta en marcha de las plantas de generación eléctrica por parte de Pdvsa S.A, en el marco del Proyecto de Respuesta Rápida de Generación Eléctrica”, efectuado por la Contraloría General de la República entre 2012 y 2013, la empresa Derwick Associates recibió un pago indebido de más de $6.758.990; mientras que KCT Cumaná obtuvo $41.935,22; y de Ovarb no reportaron un excedente ilegal.
Ese pago indebido es solo un detalle dentro de todo el análisis realizado por la Contraloría, el cual abarcó la revisión del Proyecto de Respuesta Rápida de Generación Eléctrica de Pdvsa, dirigido por la Oficina de la Presidencia de la estatal petrolera, en ese momento dirigida por Rafael Ramírez.
La comisión de alto nivel, autorizada por la Junta Directiva de Pdvsa, aprobó compras a Derwick, KCT Cumaná y Ovarb el 29 de diciembre de 2009 y el 19 de febrero de 2010, información que fue revelada por primera vez por el autor de esta nota en el reportaje titulado Bariven compró con sobreprecio, publicado en Últimas Noticias, pero posteriormente borrado de la web de ese medio tras ser comprado por factores del chavismo.
Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor de Derwick
En el documento de la Contraloría, que en ese momento tenía como principal responsable a Adelina González, se especifica que el equipo auditor seleccionó siete órdenes de compras tramitadas entre 2009 y 2010, por un monto de $1.056.781.776,60.
Los precios observados en las facturas de Derwick, KCT Cumaná y Ovarb los compararon con los reportados en el anuario Gas Turbine World 2009. Este fue el mismo procedimiento usado por José Aguilar en 2011, cuando fue consultado para el reportaje publicado en Últimas Noticias. El experto estimó entonces en más de $400 millones el sobreprecio.
Ese informe de Contraloría forma parte de un caso abierto en la Fiscalía General de la República a los directivos de Derwick, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, entre otros, así como a funcionarios de Pdvsa, como Javier Alvarado, por presunta corrupción en medio de la emergencia eléctrica.
Pese a los datos de Contraloría, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la investigación sobre Betancourt López, Trebbau y Alvarado en 2015.
Siete años después, Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, acusa a Betancourt de formar parte de un grupo, junto a los hermanos Oberto y Rafael Ramírez, que se apoderó de más de $4.000 millones de Pdvsa.
