El tercer informe de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, arrojó dentro de sus conclusiones más graves la aseveración de «que personas que ocupaban diversos cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cometieron crímenes y violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de tortura extremadamente graves, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.
También estableció la grave situación del Arco Minero del Orinoco y de otras zonas del estado Bolívar por la explotación ilegal del oro y la participación de grupos armados violentos.
En el foro Derechos humanos y rendición de cuentas en Venezuela: hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, defensoras de derechos humanos resaltaron la ausencia de protección para los venezolanos y la anuencia de organismos de seguridad del Estado en actividades delictivas que vulneran a la población.
Las defensoras de derechos humanos Eumelys Moya, Mercedes de Freitas, Sara Fernández, Tamara Taraciuk y Marta Valiñas advirtieron sobre la actuación de organizaciones criminales en el Arco Minero del Orinoco con la presunta aquiescencia del Estado y del impacto negativo que tiene en las poblaciones. El contrabando de oro, la explotación laboral y la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres forman parte de la larga lista de irregularidades documentadas por las organizaciones en Bolívar, donde, a pesar de la gran presencia de organismos de seguridad y altos funcionarios del gobierno, las bandas delincuenciales son las que tienen el control político, social y cultural.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela
Millones de dólares en contrabando
Señaló que la operación de los ilícitos en el Arco Minero del Orinoco no es ajena ni es extraña al Estado venezolano. La historiadora afirmó que la inmensa red que funciona en esa zona tiene «conexiones estrechas» con criminales internacionales y muchos actores del alto gobierno. Puntualizó que alrededor de 70% de la producción anual en la zona, estimada en 2.000 millones de dólares, se va en contrabando pese a que la Constitución y la ley venezolana garantizan que ese dinero debería entrar al Banco Central de Venezuela.
“El Estado venezolano tiene mucha presencia en el Arco Minero del Orinoco. Podemos ver a la Corporación Venezolana de Minería, a cargo del general Carlos Osorio, pero también una larga lista de nuevas empresas llamadas alianzas estratégicas, en donde el Estado tiene mayoría accionaria y presencia física. Pero también la Fuerza Armada Nacional y sus componentes, la Dgcim, el Sebin y las policías municipales y regionales tienen presencia”, afirmó.
Criminales con amplio control
Señaló la directora de Transparencia Venezuela, que a pesar de esa inmensa presencia y poder del Estado, son las bandas criminales las que tienen el control político, social y cultural. La historiadora aseguró que cada uno de los líderes se han consolidado en las zonas donde imponen sus normas y que las poblaciones indígenas, mineras o criollas, por razones de sobrevivencia, ahora se consideran parte del complejo sistema que dirigen las bandas criminales.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos
En Bolívar: tolerancia con criminales
Valiñas, quien trabajó en uno de los equipos de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, expuso, sobre la situación del Arco Minero del Orinoco y otras partes del estado Bolívar, que documentaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por grupos armados criminales.
«Violaciones deben cesar inmediatamente»
Instó a que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela cesen inmediatamente y que se garanticen los cambios institucionales y estructurales necesarios para asegurar la justicia. «Estos actos no han cesado, se siguen cometiendo, y no por funcionarios que actúan de forma inconexa o fuera del control de sus superiores, sino que obedecen a una política y una estrategia por parte de autoridades de alto nivel político que emiten sus órdenes y sus instrucciones a las autoridades máximas dentro de estas estructuras», afirmó la abogada experta en derechos humanos.
Población desprotegida y vulnerable
La defensora considera preocupante que en una zona tan militarizada y con presencia de fuerzas estatales, la población siga estando tan desprotegida y vulnerable ante las acciones de esos grupos armados criminales. La próxima semana países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votarán si quieren la renovación del mandato de la misión por dos años más. «Es importante seguir prestando atención al espacio democrático y de discusión pública y todas las formas en las que se limita a través de violaciones de derechos humanos, incluso considerando violaciones de la libertad de expresión y de asociación. Esos serían uno de los temas en los que seguramente la misión se enfocaría», expuso.
Eumelys Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana
«Esclavitud moderna»
«Las personas acuden a la región minera inspiradas en un tema de búsqueda de mejoras económicas impulsadas o dinamizadas por la emergencia humanitaria compleja, que hace resurgir una especie de fiebre del oro y que y ciudadanos de Bolívar y de otros estados del país vayan a trabajar en los campamentos mineros», indicó la abogada.
Niñas, adolescentes y mujeres víctimas
Moya expuso que la explotación sexual afectaba particularmente a niñas, adolescentes y mujeres y advirtió que la situación se ha agudizado y normalizado porque se ve como una salida de las familias a la sobrevivencia y supervivencia. Añadió que se trata de un asunto de contexto y que no tienen la posibilidad de llegar a cualquier población minera y tomar declaraciones de los habitantes o datos porque hay personas que tienen el control del lugar. También se detectaron casos de niñas de 7 y 8 años de edad en condición de explotación sexual. «No solo es la explotación sexual sino las condiciones conexas. »
Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que la renovación de la Misión de Determinación de Hechos es crucial para recolectar evidencia que demuestren las prácticas violatorias de los derechos humanos que las autoridades han cometido en Venezuela.
“Se trata no solo de estos esfuerzos fuera de Venezuela para conseguir justicia para las víctimas. Sino para generar incentivos para que exista realmente una negociación política porque las autoridades no dan concesiones por gusto ni voluntariamente. Este mecanismo de presión internacional es realmente importante; a su vez, que permitan una negociación que nos lleve a condiciones electorales medianamente razonables”, agregó.
