El abogado José Aliste Martín, que fue detenido en el marco de la investigación denominada caso ‘Caranjuez’, que destapó una trama de extorsión contra varios altos exfuncionarios chavistas, confesó ante la Policía que un cliente suyo, el empresario venezolano Moris Beracha, le proporcionó «una fuente de información», con la que se entrevistó en Miami (Estados Unidos), que le «facilitó información acerca del delito fiscal de Juan Carlos Monedero», según consta en su declaración policial tras ser arrestado el pasado 23 de febrero, según lo refiere EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se vio obligado a realizar en 2013 un pago de 200.000 euros a la Agencia Tributaria por los ingresos de 425.150 euros que había facturado a los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador a través de su productora.
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Aliste ratificó ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, su declaración policial. Confirmó que concertó un encuentro con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros mandos. Según su declaración policial, también participaron en el encuentro «el comisario general de Policía Judicial, Santiago Aparicio; el comisario de la UDEF, José Manuel García Catalán, y dos asesores de la dirección adjunta operativa (DAO), Boni y Bermúdez«. En dicha reunión, puntualizó a la jueza, uno de sus clientes, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa aportó documentación relacionada con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y con Podemos.
MORIS BERACHA
En su declaración policial el abogado Aliste relató que el financiero Moris Beracha también fue cliente suyo, pues le tramitó la nacionalidad española como descendiente de sefardíes; y la residencia de su mujer. Este empresario no solo le facilitó el contacto de la persona que entregó los datos de Monedero, sino que también le dio acceso «a la enfermera de Chávez», en alusión a Claudia Díaz Guillén, una mujer que pasó de cuidar la salud del fallecido ex presidente venezolano a dirigir la tesorería de Venezuela y un fondo millonario de inversiones con fondos petroleros.
También le puso en contacto, prosigue la transcripción de la declaración ante la Policía, con un jefe de seguridad, sin especificar su identidad. No obstante, en esta causa participa como perjudicado el exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia de Chávez Carlos Aguilera, quien denunció haber sufrido una presunta extorsión. Según el abogado Aliste, ambos vinieron a España «para colaborar con la Policía», algo que finalmente no pudieron hacer. Claudia Díaz Guillén acabó siendo extraditada en mayo pasado a Estados Unidos.
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Aguilera, que también declaró este jueves, compareció por videoconferencia desde Caracas en calidad de perjudicado. Denunció que la red investigada le ofreció varios servicios: abrir una cuenta bancaria en España, conseguir un pasaporte español y parar una investigación que supuestamente había en su contra. Indicó que le reclamaron hasta dos millones de euros y que llegó a abonar unos 230.000 euros.
RAFAEL REITER
En su testimonio, Aliste ante la Policía aseguró que otro de sus clientes, en concreto el ex jefe de Seguridad de PDVSA Rafael Reiter; era fuente de información directa del «comisario Catalá» y del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, condenado a un año de cárcel por un delito de revelación de secretos por tratar de incluir de forma irregular pruebas manipuladas en el caso Pujol; y que está a un paso del banquillo por el espionaje a Luis Bárcenas o caso Kitchen.
Aliste aseguró que se puso en contacto con Reiter porque otro de sus clientes, el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos le comentó que se trataba de «una persona que disponía de mucha información que podía ser de interés para las autoridades españolas». En otro momento de su declaración ante la Policía el abogado aseguró que «captó como fuente para los servicios españoles a Rafael Reiter», una operación por la que sufrió amenazas del también imputado Alberto Galán Fereres, a quien vinculó con los servicios secretos de Israel, y que de forma literal le dijo: «Los judíos matan».
ALEJANDRO BETANCOURT
A preguntas de los agentes, este letrado justificó el cobro de 500.000 euros relacionados con el empresario venezolano Alejandro Betancourt. En concreto, explicó que el mencionado Alberto Galán Fereres le preguntó si tenía «contacto con periodistas o podía ‘parar’ la publicación de un artículo», en relación «a una persona muy adinerada de los ‘bolichicos’. En concreto «le ofreció un millón de euros si lograba parar el artículo«. Tras lograr supuestamente su objetivo, percibió medio millón de euros. Al ser preguntado por los agentes sobre el resto del dinero, Aliste aseguró tener «la duda de que, al canalizarse el pago de través de esta sociedad que cree vinculada a Galán Fereres», éste se hubiera apropiado del resto.
LOS POLICÍAS LO NIEGAN
Por su parte, los presuntos miembros de la red de policías y abogados investigados por estafa y extorsión negaron ayer haber ofrecido a excargos del Gobierno de Venezuela servicios e «influencias» en la Administración a cambio de dinero e información de Podemos, informa Europa Press.
Las mismas fuentes han relatado que el consultor de seguridad hispano-israelí Alberto Galán Fereres –también investigado– negó también las acusaciones que se vierten en su contra. Ya en febrero, cuando fue detenido en el marco de la ‘operación Caranjuez’, dijo que nunca había avisado a venezolanos sobre anotaciones rojas de la Interpol (órdenes de detención) porque carecía de acceso a tales bases de datos y negó haber recibido dinero de los policías investigados.