La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, esta política se ha ampliado con el tiempo para abordar también la ocultación de fondos derivados de operaciones financieras ilícitas o destinadas a financiar el terrorismo. En este contexto, diversos colectivos como bancos, inmobiliarias, casinos, abogados y notarios tienen la obligación de informar a las autoridades cualquier actividad sospechosa que detecten. Con información de El País.
En respuesta a esta problemática surge en España el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los notarios, que se ha convertido en un modelo a seguir a nivel mundial. Este organismo fue creado después de la operación Ballena Blanca en marzo de 2005, donde se desarticuló una red que había blanqueado más de 250 millones de euros en la Costa del Sol. Aunque tres notarios fueron inicialmente detenidos en relación con esta operación, finalmente fueron absueltos. Sin embargo, esta situación motivó al Consejo General de los Notarios españoles a establecer el OCP.
El OCP fue puesto en marcha a partir del 1 de enero de 2006 y su objetivo principal es colaborar directamente con diferentes entidades e instituciones encargadas de la prevención del blanqueo de capitales. Esto incluye al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como a las autoridades policiales, fiscales y judiciales. Desde su inicio hasta el 30 de junio de 2023, el OCP ha comunicado un total de 9.169 operaciones sospechosas y ha respondido a solicitudes de información sobre más de 300.000 personas.
Los notarios han desempeñado un papel fundamental en la desarticulación de grandes tramas de corrupción gracias a su colaboración con el OCP. Además, también han contribuido a identificar los activos en España pertenecientes a oligarcas rusos que están bloqueados por la Unión Europea debido a la invasión de Ucrania. Este sistema español de prevención ha sido reconocido internacionalmente por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) en diciembre de 2014 como un ejemplo destacado y una buena práctica para otros países.
La eficacia del OCP es observada con atención en diferentes partes del mundo, y varios países como Perú, Costa Rica y Brasil han mostrado interés en implementar sistemas similares. Notarios franceses e italianos, así como parlamentarios de Francia, Portugal, Malta y Bélgica también han buscado asesoramiento del OCP español. Incluso Japón ha recibido ayuda para desarrollar legislación en esta materia.
Una característica clave del OCP es su capacidad para cruzar millones de documentos notariales registrados en el Índice Único Informatizado y la base de datos de Titularidad Real. Esto permite detectar patrones y operaciones que indiquen posibles delitos de blanqueo de capitales. Además, el OCP puede proporcionar la información requerida por las autoridades en cuestión de minutos.
Es importante tener en cuenta que el blanqueo de capitales no se lleva a cabo normalmente en una sola notaría o en una sola operación. Es mediante la combinación de múltiples operaciones que pueden identificarse riesgos significativos. Por lo tanto, el OCP desempeña un papel crucial al analizar y conectar estos datos para detectar actividades sospechosas.
En resumen, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los notarios ha demostrado ser un ejemplo destacado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Su colaboración con diferentes instituciones y su capacidad para analizar grandes volúmenes de información han sido fundamentales para desmantelar tramas de corrupción y prevenir actividades ilícitas. La eficacia del OCP ha sido reconocida a nivel internacional, y otros países están interesados en seguir su ejemplo para fortalecer sus propias políticas de prevención del blanqueo de capitales.
