El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como una herramienta para restringir y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Esto se evidencia en el informe de la última «evaluación mutua» realizada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic),una entidad que supervisa medidas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con información de Expediente Público
En esta evaluación, se reveló que ninguna de las recomendaciones clave emitidas en la evaluación anterior había sido completamente cumplida por Venezuela. Además, el régimen de Maduro no coopera en investigaciones internacionales sobre lavado de dinero que involucran a funcionarios públicos.
Paradójicamente, las autoridades venezolanas consideran que todas las organizaciones sin fines de lucro representan un alto riesgo de financiamiento al terrorismo. Aunque este criterio no cuenta con un respaldo sólido ni es compartido por todas las autoridades competentes.
El Parlamento venezolano, dominado por el oficialismo, ha propuesto un proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que establece un control y registro estricto de estas entidades y sus fuentes de financiamiento. Esto ha generado preocupaciones sobre el ejercicio del control político sobre estas organizaciones.
La situación en Venezuela ha llevado a que los bancos eviten abrir o gestionar cuentas para organizaciones sin fines de lucro. Este ambiente de persecución ha generado una atención excesiva en detrimento de otras actividades y no se ajusta a las recomendaciones del Gafic.
Carlos Tablante, expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y actual director de la publicación «Cuentas Claras Digital», dedicada a analizar el tema del lavado de dinero, ha señalado similitudes entre el tratamiento a las ONGs en Venezuela y Nicaragua, donde Daniel Ortega también ha utilizado regulaciones internacionales contra el lavado de dinero para reprimir a la sociedad civil. Esta situación plantea preocupaciones sobre el uso de estas normativas para perseguir a la sociedad civil en lugar de combatir a la delincuencia organizada.
Igualmente, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) destacó que en el país proliferan casinos y salas de juego sobre las que el régimen prácticamente no ejerce supervisión alguna.
“En cambio a las ONG’s las persiguen, las vigilan y las controlan de manera excesiva no solamente en la Superintendencia de Bancos. Es que al registrar una asociación sin fines de lucro ligada a temas de Derechos Humanos eso está bajo sospecha. Como si fueran organizaciones del crimen organizado”, afirmó en conversación con Expediente Abierto.
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