La entrada en vigor de la nueva base de datos de beneficiarios reales presenta un desafío sustancial para la industria bancaria, con estimaciones de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) indicando que podría incurrir en costos significativos. Según Mengqi Sun del Risk & Compliance Journal, los primeros pasos para establecer protocolos de acceso podrían requerir una inversión de cientos de millones de dólares por parte de las instituciones financieras.
¿Cuánto tiempo y dinero se necesitará? FinCEN proyecta que durante el primer año, las entidades financieras tendrían que dedicar alrededor de 6.5 millones de horas de trabajo, lo que equivaldría a más de 686 millones de dólares, considerando una tarifa de 106 dólares por hora. Estas cifras abarcan el desarrollo de salvaguardias, la obtención del consentimiento del cliente, la presentación de certificaciones y la capacitación necesarios para cumplir con los rigurosos requisitos de seguridad y confidencialidad para acceder a la base de datos.
FinCEN especifica que los gastos comprenden el desarrollo e implementación de salvaguardias administrativas, físicas y técnicas, así como la obtención y documentación del consentimiento del cliente, certificaciones sobre solicitudes y capacitación.
Este paso hacia una mayor transparencia corporativa responde a los esfuerzos de FinCEN para prevenir el uso de empresas fantasma anónimas por parte de delincuentes y terroristas para ocultar fondos ilícitos. El acceso a esta base de datos en expansión, que comenzará en fases a partir de febrero, se presenta como una parte fundamental de las regulaciones planeadas para implementar la Ley de Transparencia Corporativa.
