En el complejo escenario de las relaciones internacionales, surge una disputa en torno al crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En los tanques de la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), este recurso estratégico permanece almacenado, esperando su destino. La empresa estadounidense Huntington Ingalls, conocida por su experiencia en la construcción de embarcaciones de guerra, reclama una deuda pendiente. Crónicas del Caribe.
En 1992, Huntington Ingalls obtuvo un contrato para la reparación y modernización de las fragatas misilísticas F-21 ARV Mariscal Sucre y F-22 ARV Almirante Brión de la Armada Venezolana. Sin embargo, el proceso enfrentó contratiempos que llevaron a la suspensión de los trabajos y al cese de los pagos correspondientes. Los arbitrajes favorecieron a Huntington Ingalls, condenando a Venezuela al pago de 130 millones de dólares.
Huntington Ingalls invocó un proceso en Brasil para exigir la confiscación de 384,410 barriles de Fuel Oil tipo Slurry Isla, almacenados en un tanque de Bopec. Aunque la petrolera bonairense se resistió, una sentencia impuso el embargo. Sin embargo, el hidrocarburo no llegó a manos de Huntington. En una subasta posterior, un tercero adquirió los derechos sobre el producto por 200,000 florines (equivalentes a 111,000 dólares).
El juzgado de La Haya anuló una sentencia desfavorable a Huntington Ingalls y ordenó una nueva decisión. La batalla legal continúa, y el crudo sigue atrapado en los tanques de Bopec, a la espera de su destino final.
