El juez curazoleño encargado del caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV ha designado a un segundo síndico para acelerar el proceso de registro y pago a los clientes de la entidad financiera, propiedad del empresario venezolano Víctor Vargas Irausquín. Pieter de Kort, el juez encargado, nombró a Danilo Narváez para complementar el trabajo de Michael Gorsira, ambos de la firma VanEps. Esta decisión se oficializó en el informe del 15 de mayo sobre la quiebra del banco. Con información de Crónicas del Caribe.
Roberto León Parilli, director de la organización Anauco, que representa a más de 600 de los 2.704 cuentahabientes afectados, explicó que la magnitud del caso requiere más de un síndico para asegurar la agilidad del proceso. La mayoría de los clientes del banco, que operaba en Willemstad, son venezolanos. Aunque se estima que más de ocho mil personas tenían cuentas en el banco, muchos no pudieron certificar el origen de sus fondos, enfrentando el riesgo de ser investigados por lavado de dinero.
En una reciente decisión, el juez De Kort pospuso una sesión clave originalmente programada para el 27 de mayo, donde participarían los representantes de los cuentahabientes y el Grupo Cartera de Vargas Irausquín. Esta sesión fue reprogramada para el 27 de septiembre. Según León Parilli, los representantes del BOD no detallaron qué activos usarían como garantías y propusieron plazos de pago considerados demasiado largos. Además, Vargas solicitó más tiempo, argumentando que el resultado de las elecciones venezolanas podría influir positivamente en el acuerdo con los acreedores.
León Parilli se muestra optimista sobre un desenlace favorable para los cuentahabientes. Señaló que este año, el grupo propietario del BOD espera recibir más de 300 millones de dólares por el vencimiento de bonos, y en 2025, otros 400 millones de dólares. Estos ingresos permitirían cubrir los 840,4 millones de dólares adeudados, según el último reporte del síndico de la quiebra del banco.
Finalmente, los fondos obtenidos deberían ser entregados a una entidad fiduciaria designada por el juez, permitiendo que las deudas con los clientes sean canceladas en dos rondas. Este proceso ofrecería una solución a los miles de afectados por la quiebra del Banco del Orinoco NV y garantizaría un manejo transparente y eficiente de los recursos destinados a la restitución.
