En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas enviadas por familiares en el extranjero. Este apoyo financiero es crucial para enfrentar la inflación persistente y los problemas de suministro que aquejan al país. Con información de Cointelegraph.
En 2023, las criptomonedas representaron el 9% de los $5.4 mil millones en remesas enviadas a Venezuela, alcanzando un valor de $461 millones, según datos de Chainalysis. Este incremento ha sido constante desde 2018, exceptuando el año 2020.
Tradicionalmente, las remesas se envían mediante servicios como Western Union. Sin embargo, las altas tarifas, los tiempos de espera prolongados y los problemas de suministro de divisas hacen que estos servicios no sean viables para muchos. Por el contrario, las criptomonedas ofrecen una alternativa más rápida y económica.
El Petro de Maduro: Un fracaso anunciado, Venezuela pone fin a su criptomoneda estatal
A pesar de contar con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, la economía venezolana sufre de inflación persistente, sanciones, problemas de suministro y corrupción gubernamental. En un intento de evadir las sanciones, el régimen venezolano lanzó en 2018 una criptomoneda estatal llamada “Petro”. No obstante, el Petro no logró aceptación debido a la percepción de corrupción y su falta de estatus como moneda de curso legal.
Incluso el banco central de Venezuela se negó a aceptar el Petro, y después de seis años, en 2024, la criptomoneda fue descontinuada. Sin embargo, el régimen sigue utilizando activos digitales para sortear las sanciones internacionales. A principios de este año, surgieron informes de que el régimen buscaba usar criptomonedas para el comercio internacional de petróleo, lo que llevó a Tether a congelar los activos USDT de Venezuela en cumplimiento con las sanciones de Estados Unidos.
El país también enfrenta apagones frecuentes, y en mayo de 2024, el régimen prohibió la minería de criptomonedas, argumentando que esta actividad sobrecargaba la red eléctrica. Esta no fue la primera vez que se tomaron medidas contra la minería; en 2023, se cerraron instalaciones mineras en el marco de una investigación por corrupción en la industria petrolera y el ministerio de criptomonedas, dirigido por Joselit Ramírez Camacho.
