Grupo de Víctor Vargas enfrenta posibles consecuencias penales por quiebra del Banco del Orinoco

Las autoridades de Curazao han rechazado la solicitud de garantías judiciales en el caso del Banco del Orinoco NV, complicando la situación para el grupo de Víctor Vargas. Con deudas que superan los 840 millones de dólares, la posibilidad de enfrentar consecuencias penales por quiebra fraudulenta se cierne sobre los accionistas

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Foto/Archivo

La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés ha rechazado la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para el pago de costas judiciales en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV (BdO). Con información de Crónicas del Caribe.

El tribunal, liderado por la magistrada Corrie ter Veer, decidió no requerir caución a las partes involucradas, entre las que se encuentran el Banco Central, Cartera de Inversiones Venezolanas CA y el Banco Occidental de Descuento. Esta última firma, manejada por el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, ha enfrentado problemas similares en otras entidades del Caribe, como el BOI Bank en Antigua y Bancamérica en República Dominicana.

En junio, el Banco Central de Curazao y Sint Maarten solicitó una garantía para asegurar la cancelación de las costas procesales, dado que más de 2,400 cuentahabientes exigen la devolución de sus depósitos. Sin embargo, la magistrada Ter Veer señaló que esta norma no puede aplicarse debido a la falta de posibilidad de ejecución en Venezuela, país de residencia de muchos demandantes.

Víctor Vargas en Curazao o paga o va preso

La quiebra del Banco del Orinoco NV fue declarada en julio de 2019, iniciando un complejo proceso de negociación entre los propietarios del banco, las autoridades curazoleñas y los cuentahabientes. El juez Pieter de Kort designó a Michael Gorsira y Danilo Narváez como curadores independientes para gestionar el proceso, quienes han contabilizado deudas que superan los 840 millones de dólares.

Carlos Calderón, abogado de 74 cuentahabientes, advirtió sobre el riesgo de que la quiebra sea declarada fraudulenta, lo que trasladaría el caso a una jurisdicción penal. A pesar de que el grupo de Vargas ha asegurado disponer de los recursos necesarios para cubrir sus compromisos, Calderón afirmó que si no presentan una propuesta de pago satisfactoria para los acreedores, podrían enfrentarse a graves consecuencias penales.

El juez De Kort ha concedido al grupo de Vargas una prórroga hasta septiembre para resolver la situación. La decisión final sobre la declaratoria de quiebra está próxima, y la situación podría complicarse aún más si no se logra un acuerdo que satisfaga a los acreedores.

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