El Tribunal Supremo Federal de Suiza, en su sentencia del 26 de abril de 2024, confirmó el laudo final en el caso Clorox Spain SL contra la República Bolivariana de Venezuela (Caso CPA N.º 2015-30). Este fallo ratifica la decisión de un tribunal de arbitraje ad hoc que otorgó a Clorox una compensación de aproximadamente $104 millones por la expropiación y trato injusto de su inversión en Venezuela. Con información de Ciarglobal.
Clorox inició un arbitraje de inversiones en respuesta a la expropiación progresiva y sin compensación adecuada de sus activos en Venezuela. La disputa surgió debido a controles de precios, restricciones al cambio de moneda y la nacionalización de sus instalaciones. El tribunal arbitral, compuesto por Yves Derains, Raúl Vinuesa y Bernard R. Hanotiau, encontró que Venezuela había violado el tratado bilateral de inversiones con España y ordenó el pago de compensaciones.
Durante los nueve años del arbitraje, Clorox y Venezuela acudieron varias veces a la Corte Federal Suiza (SFSC) para resolver acciones de anulación. En 2020, la SFSC anuló parcialmente una decisión arbitral inicial, pero en 2022 rechazó la impugnación de Venezuela, confirmando la jurisdicción del tribunal arbitral. Finalmente, en abril de 2024, la SFSC desestimó la solicitud de Venezuela de anular el laudo final.
El 16 de julio de 2024, Clorox Spain SL solicitó la ejecución del laudo en el Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos, representada por Gibson, Dunn & Crutcher, LLP. Esta acción busca obligar a Venezuela a pagar la compensación determinada en el laudo arbitral.
El 22 de septiembre de 2014, Clorox Venezuela suspendió sus operaciones debido a las medidas del gobierno venezolano. A pesar de los esfuerzos de Clorox España para vender rápidamente sus activos, el gobierno de Nicolás Maduro tomó el control de las instalaciones, impidiendo una transacción exitosa. Esta intervención gubernamental y la falta de certeza para los posibles compradores agravaron la situación, resultando en la pérdida de valor de la inversión de Clorox.
El Tribunal Supremo Federal de Suiza ha ratificado el laudo de $104 millones en favor de Clorox, que ahora busca su ejecución en Estados Unidos. Esta situación subraya las dificultades y desafíos legales que enfrentan las empresas extranjeras al invertir en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
