El pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales. Ganamos y el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia (EGU).
Esto es apenas el comienzo del final que, como sabíamos, será un escenario cada vez más complicado. Sobre todo porque el autócrata Maduro no reconoce nuestra victoria y se atrinchera con amargura en su derrota, lanzando una ofensiva represiva que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como terrorismo de Estado.
No hay marcha atrás, como ha dicho María Corina Machado (MCM). Exigimos que se respeten las leyes, se realice el escrutinio, se cuenten todos los votos y se reconozca el resultado electoral.
La presión en lo nacional e internacional a través de todas las formas de lucha democrática y pacífica, superando las restricciones impuestas por el autócrata deben expresarse de manera rotunda, exigiendo que EGU, como presidente electo, se juramente ante el parlamento el próximo 10 de enero de 2025.
Como ha dicho Enrique Márquez, y otros importantes voceros, la decisión de la Sala Electoral del TSJ es una lona anti jurídica y grotesca inaceptable que pretende arropar el fraude.
El presidente electo, MCM y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) fortaleciendo la coordinación y la dirección seguirán informando al país de las más variadas iniciativas y acciones políticas para cobrar la victoria de las fuerzas del cambio en las pasadas elecciones presidenciales.
A pesar de que Maduro quiere imponer el fraude para quedarse en el poder por las malas, tratando de cerrar la vía pacífica y menos traumática que es la salida electoral, debemos insistir con las actas en la mano, en la denuncia del fraude para evitar que las ventanas de la democracia se cierren definitivamente y la dictadura se consolide.
Maduro aislado, extraviado y sin legitimidad está más débil de lo que estaba antes del 28 de julio. Sin reconocimiento, ni nacional ni internacional, y a pesar del apoyo, por ahora incondicional de la FANB, el partido militar que lo sostiene, Maduro sabe que su régimen ha colapsado y no tiene ninguna viabilidad.
En el mensaje de la campaña, EGU y MCM insistieron en el reencuentro sin revanchismo por la reconciliación nacional. Efectivamente, al asumir el cargo de presidente, el resto de los poderes públicos estará cooptado, es decir, «controlado» por el madurismo.
La sola presencia en Miraflores de EGU influirá en el cambio deseado para reinstitucionalizar la vida pública y restituir el Estado de Derecho.
Sin embargo, creo que el presidente EGU, MCM y la PUD deberían, con la mediación del Reino de Noruega y el gobierno de Chile, constituir un grupo de expertos en justicia transicional que incluya el mecanismo de los diferentes tipos de amnistía, es decir, amnistía general, parcial y condicional.
Las diferentes experiencias en contextos parecidos, de transición de dictaduras a democracias, a través del análisis respectivo adaptado a nuestra realidad, pueden constituir una vía para reencontrarnos, partiendo siempre de la premisa de que quienes tienen el poder ejerciéndolo con hegemonía y de manera anti democrática, tienen mayor responsabilidad de asumir las consecuencias de todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando.
Nuestra prioridad es defender la transición como un camino difícil en el que ambos actores deben ceder parte de sus aspiraciones maximalistas en la búsqueda de la justicia y la verdad, alejados lo más posible de las sombras de la impunidad, para proteger y preservar siempre los derechos de las víctimas.
El establecimiento de una comisión de expertos independientes, que trabaje a partir de las experiencias vividas en contextos similares es un aporte urgente y necesario para iniciar la normalización democrática del país y para acordar por consenso la designación de una Comisión de la Verdad que puede lograr la armonía nacional buscando un equilibrio entre justicia y reconciliación.
Todos nos preguntamos: ¿qué pasará con las sanciones impuestas por la UE y el expediente que, por delitos de lesa humanidad, se instruye en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro y otros altos funcionarios?¿Qué pasará también con los graves delitos contra el patrimonio público cometidos por la cleptocracia?
Por cierto, el artículo 271 de la Constitución vigente – propuesto por mi en el debate constituyente – establece que los graves delitos de violación de los derechos humanos, el daño al patrimonio público y el tráfico internacional de drogas, no prescriben.
Por su parte, el artículo 23 le otorga rango legal a nivel de la Constitución a todos los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, lo cual obliga a su inmediato cumplimiento por parte del Estado.
Obviamente, Nicolás Maduro no está pidiendo diálogo ni negociación. Se ha burlado de los acuerdos firmados en México, Barbados y Qatar. No tiene interés ni siquiera en maquillar su condición de dictador, por el contrario, se jacta de promover mensajes de odio y violencia.
Sin dar detalles, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han ofrecido negociar la salida de Maduro de manera pacífica a partir, por supuesto, del reconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el autócrata no parece dispuesto, por ahora, a querer facilitar este escenario para hacer posible el cambio político de la autocracia hacia la democracia, por el que votaron más de siete millones de venezolanos.
