En una acción contundente contra el régimen venezolano, las autoridades estadounidenses incautaron este lunes el avión presidencial de Nicolás Maduro, que habría sido adquirido en violación de las sanciones impuestas por Washington. La aeronave, valorada en 13 millones de dólares, fue trasladada al estado de Florida, según informaron fuentes oficiales. Con información de CNN.
Este movimiento forma parte de una serie de investigaciones que Estados Unidos lleva a cabo sobre las actividades corruptas vinculadas al régimen de Maduro. El avión, utilizado en múltiples visitas de Estado por el mandatario venezolano, ha sido considerado como el equivalente al Air Force One estadounidense, lo que resalta la gravedad del operativo.
«Este es un mensaje claro a la cúpula del régimen: nadie está por encima de la ley», afirmó un funcionario estadounidense que participó en la operación. La incautación de un avión utilizado por un jefe de Estado extranjero es un paso sin precedentes que subraya el alcance de las sanciones y la determinación de Estados Unidos en sus esfuerzos por frenar la corrupción en Venezuela.
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos no son nuevas, pero este episodio añade una nueva capa de complejidad a las relaciones bilaterales. La crisis humanitaria en Venezuela ha obligado a más de 7.7 millones de personas a huir del país, en lo que se ha convertido en el mayor desplazamiento de personas en el hemisferio occidental. Muchos de estos migrantes han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que ha generado preocupaciones en Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con otras agencias federales como el Departamento de Comercio y la Oficina de Industria y Seguridad, desempeñaron un papel crucial en la incautación del avión. Estas agencias han estado activamente involucradas en la interrupción de los flujos financieros ilícitos que sostienen al régimen de Maduro, incluyendo la confiscación de bienes de lujo destinados a Venezuela.
El avión había estado en la República Dominicana durante los últimos meses, y aunque no se han revelado todos los detalles sobre el momento de la incautación, las autoridades estadounidenses actuaron en coordinación con el gobierno dominicano, que notificó a Venezuela sobre la operación.
El siguiente paso en este proceso será buscar la confiscación formal de la aeronave en suelo estadounidense, lo que permitiría a Venezuela presentar una solicitud para su recuperación, aunque el resultado de tal acción es incierto. Este evento se suma a la reciente presión de Washington sobre Caracas para que garantice la transparencia en sus procesos electorales, tras cuestionar la legitimidad de la última elección presidencial.
