La justicia de Curazao al fin ha tomado medidas decisivas en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del Grupo Financiero BOD, controlado por Cartera Vargas. Tras la presentación de documentos falsos para respaldar un supuesto portafolio de inversiones de más de 1.500 millones de dólares en Singapur —documentación que fue desmentida por la firma Farrington—, el tribunal ordenó la confiscación de bienes de Víctor Vargas y otros directivos de Cartera Vargas.
Esta acción llega en un contexto en el que la ambigüedad del síndico de la quiebra había generado preocupación entre los acreedores, quienes temían que sus intereses se vieran comprometidos en beneficio de Cartera Vargas. Los abogados representantes de los acreedores, incluyendo a Lucas Rodríguez, José Gregorio Vásquez y Roberto Hung, han exigido transparencia y han solicitado el levantamiento del velo corporativo para que los directivos respondan con su patrimonio personal, evitando que se amparen en estructuras corporativas para eludir responsabilidades.
Grupo de Víctor Vargas enfrenta posibles consecuencias penales por quiebra del Banco del Orinoco
A su vez, se ha denunciado un conflicto de interés en el Comité de Acreedores debido a la presencia de un miembro con vínculos directos con Cartera Vargas, y se ha propuesto activar la acción pauliana para anular posibles transacciones fraudulentas realizadas antes de la quiebra.
Ante la magnitud del fraude, el Tribunal de Curazao y los síndicos han abierto también la vía penal. La presentación de documentos falsos constituye un delito grave, y los responsables podrían enfrentar sanciones tanto en Curazao como en otras jurisdicciones. La audiencia del 6 de diciembre será clave para avanzar en la recuperación de fondos y evaluar acuerdos en beneficio de los acreedores afectados.
Los representantes legales han reafirmado su compromiso de proteger los derechos de los afectados, instando a todos los acreedores a hacer valer sus reclamaciones antes del 15 de noviembre. Para quienes aún no cuentan con representación, los síndicos han abierto la posibilidad de recibir las denuncias y documentación necesaria de forma directa.
Este proceso de quiebra, con múltiples implicaciones tanto civiles como penales, sigue adelante con el firme propósito de garantizar justicia y transparencia, para que los responsables de la quiebra y la falsificación de documentos rindan cuentas y se recupere la confianza en el sistema financiero.
