Según una investigación publicada por Runrunes, la minería ilegal en Suramérica ha dado lugar a un complejo sistema de tráfico y lavado de oro que genera miles de millones de dólares. En países como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, la ausencia de controles efectivos permite que el metal precioso extraído de forma clandestina fluya hacia mercados internacionales, dejando graves impactos en el medio ambiente y alimentando a organizaciones criminales.
Perú, el mayor exportador de oro de origen desconocido, se destaca por un desbalance abrumador entre la producción registrada y las exportaciones declaradas. Entre 2013 y 2023, el país reportó una producción de 1.373 toneladas, mientras que las exportaciones superaron las 4.400 toneladas, revelando un tráfico de más de 3.000 toneladas sin trazabilidad. Este fenómeno se replica, aunque a menor escala, en Colombia y Ecuador, donde el oro ilegal es comercializado y exportado sin que las autoridades tengan un control real sobre su origen.
En Brasil, la flexibilización de normativas ha facilitado la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, devastando más de 13.000 km² de selva en los últimos años. Esta extracción ilegal se oculta bajo el amparo de permisos de minería artesanal, que se han convertido en herramientas para legitimar actividades ilegales. La falta de supervisión en regiones remotas, sumada a un sistema regulador frágil, ha creado un escenario donde el oro ilegal brasileño ingresa sin restricciones al mercado global.
El caso de Venezuela no es diferente. Con la creación del Arco Minero del Orinoco, decretado en 2016, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido la proliferación de operaciones ilegales controladas por mafias y bandas armadas, que comercian el oro fuera del circuito oficial. Aunque se estima que el 80% de la producción de oro venezolano se exporta de manera clandestina, países como Líbano, Uganda y Emiratos Árabes Unidos reciben gran parte de este metal bajo prácticas opacas.
La minería ilegal en estos países ha transformado al oro en un recurso codiciado que facilita el financiamiento de grupos criminales y el enriquecimiento de elites corruptas, al tiempo que provoca una destrucción irreversible de los ecosistemas y amenaza los derechos de comunidades vulnerables. La falta de trazabilidad en la cadena de suministro es una de las principales fallas identificadas por organismos internacionales, que instan a la implementación de regulaciones más estrictas y controles sobre las empresas compradoras para frenar el flujo de oro de origen ilícito.
Esta red de explotación, corrupción y devastación medioambiental sigue sin encontrar un freno en Suramérica, mientras el oro ilegal sigue su curso hacia las vitrinas de lujo en Europa y las bóvedas de los principales bancos del mundo, camuflado en la opacidad de un sistema que poco o nada hace por cambiar esta situación.
