La relación entre inmigración y el tráfico de fentanilo en Estados Unidos ha sido desmentida por un análisis del Cato Institute. Según datos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), el 80% de las personas capturadas transportando fentanilo en los puertos de entrada entre 2019 y 2024 eran ciudadanos estadounidenses. Estos datos refutan la narrativa de que los inmigrantes son los principales responsables del contrabando de esta sustancia. Con información de Cato Institute.
Las cifras revelan que la mayoría del fentanilo se incauta en los puertos de entrada (88%), y no entre los cruces ilegales, lo que confirma que los cárteles prefieren utilizar ciudadanos estadounidenses debido a su menor nivel de escrutinio en estos puntos. Además, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos detalla que, entre 2018 y 2023, el 80% de los traficantes condenados en los distritos fronterizos del suroeste eran estadounidenses, un patrón que ha crecido rápidamente en los últimos años.
Intentar reducir la oferta a través de herramientas de detección más avanzadas no solucionará el problema. Experiencias previas, como el contrabando de marihuana, demuestran que las incautaciones incrementadas no afectan la disponibilidad de drogas. Por el contrario, el mercado de opioides sintéticos como el fentanilo evoluciona hacia sustancias aún más potentes, como los nitazenos, dificultando aún más la lucha contra el contrabando.
Los datos también indican que restringir la inmigración no mitiga la crisis de sobredosis. Durante las restricciones migratorias extremas entre 2020 y 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron un 56% y un 22%, respectivamente. Este fenómeno evidencia que la solución no reside en reducir la inmigración, sino en abordar la demanda mediante políticas más efectivas y humanas.
Expertos del Cato Institute proponen enfoques centrados en la reducción de la demanda: legalizar tiras reactivas para detectar fentanilo, eliminar restricciones al tratamiento con metadona, y permitir a los médicos tratar la adicción sin penalización. Estas medidas, probadas en otros países con mejores resultados, contrastan con las políticas actuales que priorizan la interdicción, ignorando soluciones reales para una crisis que sigue cobrando miles de vidas en Estados Unidos.
