El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, que involucra a 26 acusados de blanqueo de capitales, fue suspendido nuevamente la semana pasada, lo que desató fuertes críticas de organizaciones como Transparencia Internacional (TI). Esta es la cuarta vez que el proceso es aplazado, ahora debido a la falta de asistencia judicial internacional solicitada a Brasil y Perú. La nueva fecha principal se fijó para el 11 de noviembre de 2025, con una alterna en enero de 2026. Con información de EFE.
El capítulo panameño de TI calificó la suspensión como una “clara manifestación de la dilatación de la justicia que abona el camino a la impunidad”. En un comunicado, señaló que mientras otros países donde operó Odebrecht ya han impuesto condenas, Panamá apenas ha logrado imponer una multa a la constructora brasileña, la cual además no ha sido pagada en su totalidad. De los 220 millones de dólares acordados en 2017, la Fiscalía panameña reportó que solo se han recaudado 74.4 millones.
La ONG recordó que en países como México, Perú y República Dominicana, Odebrecht enfrentó prohibiciones para participar en contratos públicos, mientras que en Panamá continuó operando durante años tras la revelación de su esquema de sobornos. Este desvío de recursos públicos, según TI, causó pérdidas millonarias al país y ha dejado hasta ahora una sensación de impunidad.
Entre los acusados en este caso están los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como los hijos del primero, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Estos últimos ya cumplieron condenas en Estados Unidos por admitir su participación en el pago de sobornos ordenados por su padre. Sin embargo, el proceso en Panamá, abierto en 2015 y reactivado en 2017 tras las confesiones de Odebrecht en Estados Unidos, sigue sin avances significativos.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, destacó que este caso simboliza el escándalo de corrupción más grande de la región y que su manejo refleja una grave falta de voluntad política para garantizar justicia en el país.
